Manifiesto por la Financiación Justa para las
Entidades de Discapacidad
Hoy, nos congregamos en las puertas de nuestros centros para alzar la voz en
nombre de las personas con discapacidad, sus familias y todos los profesionales
que dedicamos nuestras vidas a su bienestar y a posibilitar el ejercicio de sus
derechos. Nos encontramos aquí porque la situación es crítica y exige respuestas
urgentes.
En Andalucía, más de 550.000 personas con discapacidad dependen de los
servicios que ofrecemos. Servicios de apoyo, atención y rehabilitación que no
solo mejoran su calidad de vida, sino que también garantizan sus derechos
fundamentales a la inclusión y a una vida digna. Sin embargo, estos servicios
están bajo amenaza debido a la falta de una financiación adecuada y
sostenible.
Las entidades de discapacidad hemos soportado durante años una carga
creciente de costes: aumentos salariales necesarios para dignificar el trabajo de
nuestros trabajadores y trabajadoras, incrementos en los precios de suministros,
mantenimiento y nuevas exigencias legales y normativas. Por ello, aunque
reconociendo el esfuerzo realizado por el ejecutivo andaluz en las dos últimas
legislaturas, éste no ha sido suficiente. Esta disparidad entre los costes reales de
funcionamiento y los recursos que se destinan a la financiación de los centros
nos está llevando al límite de lo insostenible.
Por eso, hoy decimos alto y claro: no podemos seguir así.
Exigimos:
Al Gobierno Nacional le instamos a que se elabore y apruebe un Pacto de Estado
para la viabilidad del sistema de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía personal y Atención a personas en situación de
dependencia, que pasa por asegurar que todas las personas tengan los mismos
derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación
del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la
Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en
situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva;
y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.
A la Junta de Andalucía: un nuevo modelo de financiación que financie los
servicios públicos que se nos encomienda por falta de medios propios para
prestarlos.
Un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento,
sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y
ajustada a las necesidades de cada persona.
Reivindicamos:
Una financiación que cubra los costes reales. No estamos pidiendo lujos
ni privilegios. Exigimos lo necesario para operar de manera sostenible y justa.
Un compromiso firme por parte de las autoridades para que no tengamos
que luchar año tras año por una financiación básica. Necesitamos una solución a
largo plazo.
Un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidad
de las entidades sociales y de los servicios y recursos que prestan. Las personas
con discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que los
servicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta de
recursos.
Además, queremos dejar claro que la discapacidad no es una cuestión de
caridad, sino de derechos. Los servicios que prestamos y los recursos que
gestionamos son el pilar que sostiene la inclusión y la participación de las
personas con discapacidad en la sociedad. Sin ellos, muchas personas y familias
quedarían desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que
necesitan.
No podemos permitir que esto suceda. No podemos permitir que el esfuerzo y la
dedicación de todos los trabajadores, de las familias y de las propias personas
con discapacidad se vea socavado por la inacción de aquellos que tienen la
capacidad de cambiar esta situación.
Hoy, alzamos la voz por una financiación justa. Nos unimos en un frente común
para exigir una respuesta firme y decidida de nuestros representantes. Hoy,
hacemos un llamado a toda la sociedad para que nos apoye en esta lucha,
porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una
sociedad que falla en su responsabilidad más básica.
Que esta llamada de atención sea solo el principio de un movimiento que no se
detendrá hasta que se garantice un futuro digno y seguro para las personas con
discapacidad en Andalucía. Por una financiación justa, por un compromiso real
y por el respeto a los derechos de todos y todas.